El defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, exigió al
Gobierno nacional que en cumplimiento de la legislación vigente -Ley Nº
25.635-, que ampara a las personas con certificados CUD o INCUCAI, impulse
las acciones y acuerdos necesarios, donde los esfuerzos y responsabilidades
sean mutuos, para evitar que estos sectores altamente vulnerables queden sin
la posibilidad de la obtención de pasajes gratuitos, ya sea por razones de
salud, de trabajo o por cualquier otro motivo que favorezca su plena
integración social”.
El funcionario provincial informó que realizó este reclamo al presidente de la
Nación, Alberto Fernández, y al director ejecutivo de la Agencia Nacional
de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, como así también al actual
ministro de Transporte, Diego Giuliano, y al presidente del CELADI
(Cámara Empresaria de Larga Distancia), Daniel Russo.
El ombudsman provincial expresó que “la amenaza de la CELADI, donde
advierten que podrían llegar a suspender la entrega de pasajes gratis a
personas con discapacidad, debe ser resuelta de manera urgente por el
Estado nacional mediante acuerdos frente a las deudas existentes y con
‘esfuerzos compartidos’, pues, las personas con discapacidad y las
trasplantadas tampoco pueden ser arrastradas u obligadas a tener que

enfrentar odiseas y destratos para obtener un pasaje, así como las empresas
exigen hoy que el Ministerio de Transporte les pague más de 1 millón de
pesos de boletos entregados sin cargo”.
Recordó que en el organismo a su cargo, “en variadas ocasiones hemos
recibido respuestas como: ‘no quedan más asientos disponibles’, ‘hay cupo
para dos personas y están cubiertos’, ‘tenemos solamente lugar para la
semana próxima’, y las personas con sus necesidades y sus problemas
necesitan que se cumpla con las leyes vigentes, de lo contrario tendremos
que acudir a la Justicia Federal para salvaguardar la gratuidad del boleto para
personas con discapacidad y trasplantadas”.
Fondo nacional
Por otra parte, Gialluca recordó que, mediante el Decreto 187/2022, el Poder
Ejecutivo Nacional creó el “Fondo Nacional para la Inclusión Social de las
Personas con Discapacidad” (FONADIS), cuyo objetivo principal es financiar
diferentes políticas destinadas a mejorar la calidad de vida y garantizar los
derechos de las personas con discapacidad”.
“Los fondos para esos proyectos provienen de lo recaudado por la aplicación
de las Leyes Nacionales Nº 25.730 y 24.452, relacionadas a multas por
cheques rechazados y con el aporte de organismos internacionales -tanto
públicos como privados-, recibiendo, además, ayuda de legados o donaciones
y el dinero proveniente de planes que hubieran caducado como consecuencia
de adjudicaciones en exceso por cualquier causa”, precisó.

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